Es el conjunto de estrategias que el gobierno federal aplica
para atender las necesidades de la población a través de la política social,
sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Estado México ha querido frenar la desigualdad que trajo
consigo la política Neoliberal, apoyando a la clase menos favorecida, ya que se
volvieron más ricos los ricos, y más pobres los pobres.
Algunos de los programas asistenciales son:
PROSPERA
Las estrategias de este programa estaban centradas,
primordialmente, en los ciudadanos que vivían en extrema pobreza y que
habitaban comunidades rurales; de ahí que los beneficios se canalizaran directamente
a las familias. El programa promovió la construcción de centros de salud y
educativos, además de otorgar becas a estudiantes para cursar la educación
básica.
Este programa no se orientó a genera capital humano ni
fuentes de empleo que fortalecieran el desarrollo de la región y permitieran su
crecimiento económico; por lo anterior, el impacto en el largo plazo no fue
significativo.
El programa, ahora llamado 'Prospera' (Nombre designado en
el sexenio de Enrique Peña Nieto), ha tenido una evolución a lo largo de varios
sexenios, iniciando su vida en 1989 en la gestión de Carlos Salinas de Gortari
con el nombre de Programa Nacional de Solidaridad, dirigido a los sectores con
más pobreza en México.
Después de la crisis de 1995, se utilizó una tarjeta
electrónica para dar paso al Programa de Canasta Básica Alimentaria para el
Bienestar de la Familia.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1997, se
transformó en Programa de Educación, Salud y Alimentación o
"Progresa", con el mismo fin.
Por último, desde 2002, en el sexenio de Vicente Fox, surgió
el Programa Oportunidades y así permaneció hasta el sexenio de Calderón y los
primeros dos años del de Enrique Peña Nieto.
PROCAMPO
El objetivo del
Programa de Apoyos Directos al Campo, actualmente denominado PROCAMPO
Productivo, es complementar el ingreso económico de los productores del campo
mexicano, ya sean de autoconsumo o de abastecimiento, para contribuir a su
crecimiento económico individual y al del país en su conjunto; así como
incentivar la producción de cultivos lícitos, mediante el otorgamiento de
apoyos monetarios por superficie inscrita al Programa, de acuerdo a lo que
establece la normatividad vigente.
Si bien, el programa ha contribuido a la regularización de
la tenencia de la tierra, la realidad es que la producción que se genera a
partir de estas transferencias, sólo permite cubrir el autoconsumo, impidiendo
que el grueso de los beneficiarios alcance un mejor nivel de vida, más aún, las
características del programa no permiten generar una producción que sea
competitiva con los estándares internaciones, ni mucho menos el nivel de
precios que impera en el mercado.
VIVIR MEJOR
La política social cambió con la llegada de Felipe Calderón
en 2006.
Los principales objetivos del programa son los siguientes:
• Impulsar el
desarrollo de las capacidades de los mexicanos, en especial de las niñas y los
niños, garantizándoles acceso a la educación, salud y una vivienda digna.
• Proporcionar
una Red de Protección Social, que evite la pérdida catastrófica en las familias
más pobres, ante la presencia de enfermedades o la pérdida del empleo.
• Facilitar el
acceso al empleo formal a todas las mexicanas y mexicanos, fortaleciendo la
coordinación entre la política social y la política económica.
Vivir Mejor incorpora criterios de sustentabilidad de la
Política Social. Reconoce que no sólo hay que estrechar la brecha entre pobres
y ricos, sino también entre la armonía de la naturaleza y el hombre. La idea es
tomar en cuenta los programas existentes y complementarlos con acciones nuevas
que se irán incorporando bajo el principio de coordinación institucional, con
la finalidad de alcanzar las metas planteadas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
No obstante los avances conseguidos gracias a los esfuerzos
de la sociedad mexicana, no son suficientes porque aún tenemos más de 14
millones de personas sin la capacidad para adquirir una canasta básica
alimentaria; también existen más de 21 millones de personas que no pueden
adquirir dicha canasta y al mismo tiempo efectuar los gastos necesarios en
salud, educación, vivienda y servicios
de energía, gas y agua.
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